Inclusión financiera y brechas regionales en México.

La mirada desde Oaxaca

Por: Mtra. Tania Lizbeth Luna Alvarado. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UABJO.

La inclusión financiera se presenta en el discurso oficial como un motor de desarrollo económico y social. La lógica es clara: garantizar que las personas accedan a productos y servicios financieros —cuentas de ahorro, créditos, seguros o medios de pago electrónicos— debería contribuir a reducir la pobreza y a consolidar una ciudadanía económica más activa. Sin embargo, entre la teoría y la realidad media una distancia marcada por profundas brechas territoriales, sociales y de género.

México cuenta con estrategias como la Política Nacional de Inclusión Financiera (2020-2024) y la Estrategia Nacional de Educación Financiera (2021), que han buscado ampliar la cobertura bancaria, fomentar la digitalización y mejorar la alfabetización financiera. No obstante, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2021) revela un dato preocupante: apenas el 49% de la población adulta posee una cuenta bancaria formal. En Oaxaca, Chiapas y Guerrero la cifra cae todavía más, mostrando el desfase entre las políticas diseñadas en la capital y la realidad de los territorios. El rezago tiene múltiples explicaciones. Una de las más visibles es la falta de infraestructura bancaria en comunidades rurales: de acuerdo con la CNBV (2023), el 68% de los municipios del país no cuenta con una sola sucursal bancaria. Esto obliga a repensar la inclusión más allá de la cobertura numérica y situarla en la pertinencia social y territorial.

Las fintech han emergido como un actor clave, ofreciendo microcréditos, plataformas de pago y esquemas de ahorro accesibles. Sin embargo, en regiones con brecha digital y baja alfabetización tecnológica, como buena parte de Oaxaca, corren el riesgo de convertirse en una promesa limitada a quienes ya tienen conectividad y habilidades digitales. Sin educación y acompañamiento, la innovación puede convertirse en una nueva forma de exclusión.

El caso oaxaqueño es revelador. Aquí, la pobreza estructural, la conectividad deficiente y la diversidad cultural exigen políticas diferenciadas. Las cooperativas de ahorro y crédito popular y la banca social comunitaria han probado ser alternativas viables en comunidades indígenas y rurales. Pero sin apoyo institucional, financiamiento público-privado y una supervisión normativa adecuada, su impacto difícilmente alcanzará la escala necesaria. Por ello, resulta imprescindible asumir la inclusión financiera como un derecho económico y social, no solo como un instrumento de política económica. Reconocerlo así implicaría garantizarlo bajo principios de igualdad sustantiva y justicia distributiva. De lo contrario, seguirá siendo un privilegio urbano, más que un derecho universal.

Las políticas mexicanas han avanzado en normatividad y digitalización, pero no han cerrado las brechas regionales. El desafío no está solo en sumar cuentas bancarias, sino en diseñar estrategias adaptadas al territorio, sensibles a la cultura y acompañadas de educación financiera integral. La inclusión financiera, entendida de esta forma, puede convertirse en una herramienta real de desarrollo social y económico. Y Oaxaca, con toda su complejidad, es quizá el mejor laboratorio para demostrarlo.

Mtra. Tania Lizbeth Luna Alvarado

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Escuela Preparatoria No. 7

Maestra en Derecho Constitucional

Doctorante en Ciencias de la Administración UABJO

tluna.fdcs@uabjo.mx